En el estado de Hidalgo, México, más de 150 cristianos protestantes han sido desplazados de sus comunidades, enfrentando una situación alarmante de violación de derechos humanos. Estos ciudadanos, pertenecientes a la fe Bautista, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema tras ser presionados por el gobierno local para firmar un acuerdo ilegal que viola sus derechos fundamentales.
El acuerdo impuesto por las autoridades impone multas injustas, prohíbe el regreso a sus hogares para algunas familias y restringe la libertad religiosa de manera flagrante. Inicialmente, los desplazados encontraron refugio en un edificio municipal, pero ahora dependen en gran medida de la ayuda externa para subsistir.
Estas violaciones de derechos humanos están relacionadas con la libertad religiosa y han sido una preocupación creciente desde 2015 en la región. A pesar de las evidencias, las autoridades locales niegan cualquier vínculo religioso con los incidentes, mientras que el grupo de desplazados sigue creciendo, con más de 150 personas afectadas y algunas prohibidas de regresar a sus hogares.
En medio de esta crisis, las iglesias locales han brindado apoyo a los desplazados y han hecho un llamado enérgico para que el gobierno intervenga y proteja a las minorías religiosas. Sin embargo, la violencia y persecución contra la minoría protestante continúan, con incidentes anteriores que incluyen golpizas, detenciones y negación de educación.
La difícil situación de los Bautistas desplazados se ve agravada por la inacción del gobierno, que ha permitido que la intolerancia religiosa en Hidalgo se intensifique a lo largo de los años. Acuerdos extralegales son utilizados para imponer uniformidad religiosa, como ya se vio en 2020 cuando familias evangélicas fueron forzadas a aceptar condiciones similares.
Organizaciones internacionales, como Open Doors USA, han advertido sobre el aumento de incidentes de persecución en México, lo que ha llevado a un incremento del país en la Lista Mundial de Persecución. Se atribuye esta persecución a la violencia de los carteles de drogas y a prácticas católicas tradicionalistas.
Se insta al gobierno federal a intervenir de manera urgente para proteger a las minorías religiosas y garantizar el respeto por la libertad de culto en el estado de Hidalgo y en todo México.
Imagen destacada: El Sol de Hidalgo
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